Juan Pablo Colín

Resulta que a Movimiento Ciudadano no le gustan los Movimientos Cuidadanos. Parece ser que en realidad Movimiento Ciudadano es Al Estilo Morena, pues lo que vivimos en Jalisco el pasado 11 de octubre es lo mismo que sucedió en la marcha de la generación Z en Palacio de Gobierno.
La crisis del agua es una situación preocupante que pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos para garantizar uno de los derechos humanos más elementales. El acceso al agua es una de las responsabilidades básicas de cualquier servidor público, y quienes hoy gobiernan sabían perfectamente que se trataba de una necesidad fundamental.
No podemos dejar de lado que Movimiento Ciudadano lleva once años gobernando en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Morena, ocho años al frente del Gobierno federal. Ambos tienen responsabilidades que deben asumir frente a esta crisis.
Mientras tanto, miles de familias exigen agua limpia y respuestas, por lo que la crisis también se convierte en una prueba de la capacidad de las autoridades para escuchar, prevenir y asumir responsabilidades.
Lo ocurrido durante las manifestaciones ciudadanas en Jalisco es inaceptable y exige una explicación puntual; no basta con una disculpa, porque las personas salieron a reclamar un derecho básico: recibir agua limpia en sus hogares. Los ciudadanos no tendrían por qué gastar más en filtros y garrafones para compensar las deficiencias de un servicio público indispensable, ni mucho menos enfrentar situaciones de violencia cuando exigen soluciones.
Desde Acción Nacional condenamos lo ocurrido y exigimos una investigación seria que permita conocer cómo se tomó la decisión de actuar durante el operativo, quién dio las órdenes y quiénes son responsables. No basta con reconocer que hubo incidentes; la ciudadanía merece saber la verdad y que se asuman las consecuencias correspondientes.
El derecho a manifestarse no puede convertirse en motivo para el uso excesivo de la fuerza ni para intimidar a quienes reclaman un servicio público de calidad. Las personas sientieron vacio de los elementos de seguridad el 22 de febrero, ahí es cuando esperaban ver una reacción así.
Pero, sería un error analizar estos hechos sin mirar el problema de fondo. Movimiento Ciudadano y Morena Federal, han tenido el tiempo suficiente para haber construido una estrategia preventiva, invertir en infraestructura, modernizar las redes y garantizar agua de calidad, sin embargo, la crisis llegó a los hogares y las soluciones siguen sin estar a la altura de la urgencia, mientras ellos veian por el mundial.
El problema del agua no apareció de un día para otro; la falta de planeación, el deterioro de la infraestructura y las decisiones postergadas terminan cobrándoles la factura a las familias y ahora, los gobiernos no pueden limitarse a repartir culpas ni a hacer tiktoks; deben explicar qué hicieron durante todos estos años y por qué no se anticiparon a una situación que hoy afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Tristemente, parece ser que para ellos solo es una batalla de partidos.
Mientras su dirigente nacional, solo minimizó el tema y pensó, como siempre, que con un video se solucionaba todo, desde el Congreso de la Union Acción Nacional, puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿por qué los gobiernos que tuvieron años para prevenir el problema permitieron que llegáramos a esta crisis?, la responsabilidad pública también consiste en anticiparse, no solamente en reaccionar cuando el daño ya está hecho.
En el PAN Jalisco proponemos una salida que esté por encima de los intereses partidistas, planteado por el coordinador de la bancada en el Congreso local, Julio Hurtado, quien convocó a una mesa plural con autoridades, especialistas, universidades, empresarios y representantes de la sociedad civil, para sumar conocimiento técnico, voluntad política y soluciones verificables.
Necesitamos un diagnóstico transparente, un calendario de obras, presupuesto identificado, responsables claros e indicadores que permitan medir avances; también necesitamos esclarecer los hechos de represión y garantizar que el derecho a la libre manifestación sea respetado, no una promesa.
El agua limpia no puede convertirse en una disputa entre partidos, pero tampoco puede utilizarse esa exigencia de unidad para evitar responsabilidades. Gobernar significa resolver problemas y rendir cuentas.
En Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a las familias, exigiendo agua limpia y demandando que se investigue lo ocurrido, porque ningún gobierno puede pedir paciencia indefinida cuando está en juego la salud de las personas, ni puede responder con violencia a quienes reclaman sus derechos.
La pregunta sigue en pie y las autoridades deben contestarla sin rodeos: ¿quién dio la orden el 11 de octubre, quién va a asumir la responsabilidad y cuándo tendrán las familias de Jalisco agua limpia en sus hogares?

Juan Pablo Colín – Contrapeso

El movimiento al que no le gustan los movimientos

Primero fue la “Ley Censura” para medios, después la “Ley Antimemes” y ahora el Gobierno de Morena anuncia un nuevo paso, preocupante porque plantea un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la intención es evitar que la medida “raye en la censura”, pero la pregunta aquí es: ¿quién definirá qué contenido debe desaparecer y bajo qué criterios?
Combatir contenidos que promuevan directamente la violencia puede ser un objetivo legítimo, pero no podemos aceptar que, bajo ese argumento, se termine construyendo una herramienta para controlar la conversación pública.
Son demasiadas señales de alerta y el Gobierno de Morena tiene que entender algo elemental: en una democracia, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar, criticar y hasta burlarse del poder. Un gobierno democrático no puede pretender decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben desaparecer de internet.
Si realmente quieren combatir la violencia, que combatan a los criminales, que persigan a los delincuentes, que investiguen las amenazas, que desmantelen las organizaciones criminales y que garanticen seguridad en las calles y en las escuelas, pero que dejen de querer vigilar y controlar las redes de los ciudadanos.
¿Cómo garantizarán que esa frontera no sea utilizada para censurar una opinión incómoda? Una cosa es perseguir una amenaza real y otra muy distinta es darle al poder herramientas ambiguas para decidir qué puede permanecer publicado, porque la libertad de expresión no puede depender del criterio del gobierno en turno.
Y hay razones para estar alerta, porque la reciente controversia por la llamada Ley Antimemes ya generó cuestionamientos y ahora se anuncia una nueva regulación sobre contenidos digitales.
Acción Nacional no va a permitir que Morena convierta la prevención de la violencia en un pretexto para controlar la libertad de expresión.
Si hay una amenaza concreta, que actúe la autoridad. Si hay un delito, que se investigue. Si hay un criminal, que se le persiga, pero un ciudadano que critica al gobierno no es un delincuente, un periodista que cuestiona al poder no es una amenaza y un ciudadano que publica un contenido incómodo no debe vivir con miedo a que el Estado decida cuándo cruzó una línea que ni siquiera está claramente definida.
Morena tiene que aprender a convivir con la crítica. Si no les gusta lo que publicamos, que respondan con argumentos; si no están de acuerdo con nuestras críticas, que den resultados y si les molesta un meme, que gobiernen mejor.
Desde el PAN vamos a defender la libertad de expresión frente a cualquier intento de control desde el poder, porque hoy quieren decidir qué contenido puede permanecer en una red social y mañana podrían querer decidir qué puede decir un ciudadano.
La libertad de expresión no se negocia, no se condiciona y no se entrega al gobierno; se defiende.

Morena contra los medios, los memes y ahora tus redes

Sin duda, a lo largo de la historia los humanos hemos buscado la forma de comunicar. En el terreno político la caricatura y sátira política inició porque no todas las personas tenían acceso a la educación y por ende, no sabían leer.
Hoy, ese comienzo es parte fundamental de una democracia. Desde una noticia hasta un meme, pueden influir en la toma de decisiones de la opinión pública.
Ante ello, la obligación de un gobierno debe ser responder con resultados, no buscar herramientas legales que limitar la crítica. Por eso es preocupante la discusión de la llamada “Ley Antimemes” y cualquier redacción que deje espacio a interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
Sí creemos en proteger la propiedad intelectual y combatir el fraude. Nadie plantea permitir el uso de marcas, identidades o contenidos con fines comerciales para engañar a los ciudadanos. El problema surge cuando una legislación puede interpretarse de manera que una parodia, sátira, caricatura o meme político sea objeto de sanciones.
El Senado modificó el artículo 403 Bis para precisar que el supuesto sancionable está relacionado con el uso comercial y la intención de inducir a engaño. Sin embargo, la propia discusión legislativa evidencia la necesidad de mayores salvaguardas para la libertad de expresión.
Desde Acción Nacional nuestra exigencia es sencilla: si no quieren censurar memes, parodias o caricaturas, que quede claramente establecido en la ley. Cuando se trata de un derecho fundamental, no debe haber ambigüedades.
El poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Si un gobierno no está de acuerdo con un meme, que responda con argumentos; si enfrenta una crítica, que dé resultados. Lo que no puede hacer es generar incertidumbre sobre si cuestionarlo tendrá consecuencias legales.
Aquí Morena enfrenta un problema de credibilidad. Mientras habla de democracia y libertad, existen antecedentes que generan preocupación sobre su tolerancia frente a quienes lo cuestionan. El caso de Gerardo Fernández Noroña y el ciudadano Carlos Velázquez de León, es una muestra de la controversia sobre los límites entre autoridad, crítica y poder. Noroña sostiene que la disculpa pública fue propuesta por el propio ciudadano como mecanismo de conciliación, mientras otras voces cuestionaron el episodio como un posible abuso de poder.
El punto es claro: la crítica no puede desaparecer cuando incomoda. Hoy puede tratarse de un meme sobre un funcionario; mañana, de una investigación periodística, una caricatura o una denuncia ciudadana. Por eso, la libertad de expresión debe estar protegida por la ley y no depender del criterio de quien ejerza el poder.
Tampoco podemos ignorar la actuación de Movimiento Ciudadano, que decidió abstenerse en esta votación. Esa posición resulta insuficiente cuando está en juego una libertad fundamental: frente a una posible amenaza a la libertad de expresión, abstenerse no es defenderla.
Los ciudadanos también han visto a MC coincidir con Morena en decisiones legislativas de gran trascendencia. Por eso es legítimo preguntar cuál es realmente la diferencia entre ambos cuando llega el momento de defender los contrapesos y poner límites al poder. Morena y MC son lo mismo.
No basta con decir que se es oposición en los discursos; las diferencias se demuestran al votar.
Hay que defender algo muy sencillo: que en México nadie tenga miedo de criticar al gobierno.
Una democracia fuerte no necesita ciudadanos silenciosos, sino ciudadanos libres para cuestionar, denunciar, investigar, criticar y hasta burlarse del poder.
Si al gobierno le molesta un meme, tiene una solución muy sencilla: gobernar bien y dar resultados.

Censura en memes o en medios: el sello de Morena

En una democracia hay algo que debería ser incuestionable: un voto debe ser un voto real.
Por eso preocupa lo que está pasando con las llamadas “boletas “planchadas”: boletas que aparecen sin las marcas de haber sido dobladas para entrar a la urna. La pregunta es elemental: si una boleta no fue doblada, ¿cómo llegó a la urna? Y si no fue utilizada por un ciudadano, ¿por qué tendría que convertirse en un voto contabilizado?
El propio INE ha reconocido la relevancia del problema. Durante las elecciones de 2024 y 2025 se detectaron boletas sin dobleces y el tema llegó a los órganos electorales y jurisdiccionales. Incluso dentro del propio Consejo General del INE se ha advertido que, por las dimensiones de las boletas y las urnas, una boleta que es introducida por un ciudadano tiene que doblarse y deja marcas de ese proceso.
Por eso resulta preocupante que, de cara a 2027, todavía exista una discusión sobre cómo deben tratarse estas boletas durante los cómputos distritales.
Una elección no puede depender de criterios distintos en cada Consejo Distrital. Si una misma irregularidad puede recibir un tratamiento diferente dependiendo del órgano que la revise, la certeza electoral queda debilitada.
El PAN ya acudió por la vía institucional para pedir que este tema se revise. Y quiero ser muy claro: lo que está en juego no es una discusión técnica sobre papel. Está en juego la autenticidad del voto.
La pregunta real es otra: ¿por qué Morena está permitiendo que lleguemos a una elección como la de 2027 con una discusión de esta naturaleza abierta?
Es evidente que Morena enfrenta hoy un desgaste como marca política derivado de los distintos escándalos y cuestionamientos que han involucrado a figuras de su movimiento. Frente a ello, resulta válido preguntarnos si, una vez más, está utilizando el poder que hoy tiene para impulsar cambios o criterios que le resulten convenientes.
Porque una cosa es transformar las instituciones y otra muy distinta es modificar las reglas de una democracia para beneficio del poder en turno. O para tener elecciones de estado a modo. 
Morena tiene hoy una enorme responsabilidad institucional por ser el partido que encabeza el Gobierno federal y por la mayoría política que ha construido en el país. Por eso debería ser el primero en exigir reglas absolutamente claras y controles que cierren cualquier posibilidad de manipulación.
Porque si una boleta que no fue utilizada por un ciudadano pudiera terminar contabilizándose, estaríamos ante una puerta que nunca debería abrirse.
Y esto no es una preocupación inventada por el PAN. Es un asunto que ya fue identificado dentro del propio INE. Consejeros electorales han hablado públicamente de los riesgos que representan las boletas sin doblez y de la necesidad de establecer procedimientos claros para su tratamiento.
Por eso tampoco podemos aceptar la lógica de que primero suceda una irregularidad y después discutamos qué hacer con ella. Las reglas tienen que estar claras antes de la elección, no después.
Y hay otro silencio que llama la atención. Los demás partidos políticos, como Movimiento Ciudadano, tampoco han dicho nada frente a un tema que es demasiado grave como para ignorarlo. ¿Casualidad? ¿O será que una vez más son comparsa de Morena?
Porque cuando está en juego la certeza del voto, callar también es una posición. No necesitamos esperar a que ocurra una irregularidad en 2027 para reaccionar. El objetivo debe ser impedirla.
La elección federal de 2027 ya comenzó formalmente y la jornada electoral está prevista para el 6 de junio. Estamos precisamente en el momento en que las autoridades y los partidos deben construir las condiciones de certeza que permitan que los ciudadanos lleguen a las urnas con confianza.
Por eso el llamado es muy concreto: reglas uniformes, protocolos claros, máxima transparencia y ningún margen para que una boleta cuya autenticidad esté en duda termine convirtiéndose automáticamente en un voto. Y el llamado también es a Morena: si realmente confían en la voluntad de los ciudadanos, no deberían tener ningún problema en exigir los controles más estrictos para garantizarla.
En una democracia nadie debería pedir que se confíe ciegamente en un partido, en un gobierno o en una autoridad electoral. La confianza se construye con procedimientos. Y al final la regla debería ser tan sencilla como el voto mismo: Una boleta que nadie utilizó no puede convertirse en el voto de alguien.
En 2027 vigilaremos el voto desde la casilla hasta el cómputo y, ante cualquier irregularidad, utilizaremos las vías legales correspondientes. Porque defender la certeza electoral no es defender a un partido. Es defender el derecho de los ciudadanos a que su voto sea exactamente eso: su voto.
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Boletas planchadas: elecciones a modo

“Cuando fundamos Acción Nacional, dijimos que no era una tarea de un día, sino una brega de eternidad”. Manuel Gómez Morín.
Hay partidos que nacen para conquistar el poder. Acción Nacional nació para ponerle límites al poder.
En 1939, un grupo de mexicanas y mexicanos encabezado por don Manuel Gómez Morín decidió organizarse para cambiar el rumbo del país. No tenían gobiernos, presupuestos ni estructuras de poder. Tenían algo más importante: ideas, ciudadanía y convicciones. Así nació el PAN: desde la sociedad y frente al poder.
87 años después, esa diferencia sigue definiéndonos.
Nuestra historia está construida sobre una convicción: la política debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del poder. Por eso hablamos de dignidad humana, libertad, responsabilidad, solidaridad, subsidiariedad, democracia, justicia y Estado de derecho. No son palabras que repetimos por tradición; son los principios que explican por qué existimos.
Podrán querernos o no. Podrán estar de acuerdo o no con nosotros. Pero hay algo que nadie puede negar: somos el único partido político en México que durante 87 años ha mantenido una causa por encima de una coyuntura: la defensa de la persona, de su libertad y de una democracia con instituciones.
Y sí: somos humanistas. Somos demócratas. Creemos en la libertad. Creemos en la responsabilidad. Creemos en la ley. Y lo decimos con orgullo. También tenemos algo que no se improvisa: experiencia.
Fuimos oposición cuando serlo significaba enfrentar a un régimen de partido dominante. Desde los municipios y el federalismo abrimos camino a la alternancia. Con Ernesto Ruffo demostramos que una gubernatura podía cambiar de partido; con Manuel J. Clouthier aprendimos el valor de la movilización ciudadana; con Carlos Castillo Peraza defendimos la batalla de las ideas; y con Diego Fernández de Cevallos demostramos que al poder se le puede cuestionar de frente.
En el año 2000 llegó la alternancia presidencial y millones de mexicanos vivieron el final de una época. Pero aquella victoria no comenzó en el 2000: comenzó en 1939.
Después nos tocó gobernar. Aprendimos de nuestros aciertos y también de nuestros errores. Pero demostramos algo fundamental: el PAN sabe ser oposición y sabe gobernar. Esa experiencia importa hoy.
Porque México enfrenta nuevamente tiempos de incertidumbre. Hay quienes quieren que la política dependa de una sola voluntad; otros parecen entender los partidos como marcas que pueden cambiar de discurso según la conveniencia del momento. Frente a ello, Acción Nacional tiene una certeza: las instituciones, la democracia y la dignidad humana no pueden estar sujetas a modas políticas.
Cumplir 87 años no significa vivir de la nostalgia. Claro que recordamos con emoción aquella alternancia que cambió la historia de México. La celebramos porque sabemos cuánto costó llegar hasta ahí. Pero no queremos regresar únicamente al pasado. Queremos recuperar lo mejor de nuestra historia para construir lo que sigue.
Tenemos experiencia, pero también tenemos visión de futuro. Tenemos doctrina, pero debemos convertirla en soluciones para las familias de hoy. Tenemos una historia que nos respalda, pero sabemos que la confianza ciudadana se gana todos los días.
Por eso, este aniversario no es una despedida. Es una invitación a volver. A quienes alguna vez creyeron en Acción Nacional. A quienes quieren una oposición firme, pero responsable. A quienes saben que México necesita contrapesos, gobiernos que resuelvan y políticos que entiendan que el poder es temporal, pero las instituciones deben permanecer.
Los partidos son instrumentos. México es la causa permanente. 87 años después, Acción Nacional sigue aquí. No porque el pasado nos garantice el futuro, sino porque tenemos la experiencia para aprender de él y la visión para construir uno nuevo.
Podrán criticarnos o cuestionarnos, pero aquí estamos: 87 años después, con nuestros principios, con nuestra experiencia y con una mirada puesta en el futuro. La brega continúa. Y esta vez, como siempre, el futuro también se construye desde Acción Nacional. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva México!
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Nacimos frente al poder, seguimos frente al futuro

Hay momentos que desnudan a un gobierno más que cualquier informe. La visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco fue uno de ellos.
Mientras desde la comodidad de un escenario, con una planificación meticulosamente cuidada para tener el show controlado y decir los supuestos logros de la Cuarta Transformación, fuera del telón no pudieron contra la realidad: familias buscando a sus desaparecidos, ciudadanos preocupados por la inseguridad y un Estado que todavía carga las consecuencias de la violencia. Y entonces vino el abucheo.
Abucheo de ciudadanos ejerciendo un derecho, el de la libertad de expresión. Y la respuesta de la presidenta solo confirmó algo que en Morena ya parece una costumbre: miente y polariza.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia por Morena, pero no entendió que gobernar es para todos los mexicanos. Cada vez resulta más evidente que su prioridad sigue siendo defender a la 4T, no escuchar a los ciudadanos. Proteger a ‘políticos’ corruptos, con vínculos con el crimen organizado u otro delito. Basta con decir ‘Andy’, hijo del padre político de Sheinbaum, quien tiene escándalos de huachicol.
Porque un informe de gobierno debería rendir cuentas, no funcionar como mitin partidista.
¿Cómo hablar de éxito cuando miles de familias siguen esperando respuestas por sus desaparecidos? ¿Cómo presumir avances cuando el crimen organizado ha demostrado su capacidad para paralizar regiones enteras? ¿Cómo hablar de bienestar mientras millones de mexicanos enfrentan inseguridad, falta de servicios y un futuro incierto?
Esos son los otros datos. Los que no caben en el escenario. Y Jalisco no se deja engañar.
El Gobierno de México puede intentar controlar el discurso, pero no puede borrar lo que viven las familias. Puede llenar plazas, pero no puede llenar los vacíos que dejan los desaparecidos. Puede hablar de transformación, pero no puede transformar la realidad con propaganda.
Lo ocurrido en Jalisco dejó una conclusión política muy clara: cuando el poder se siente cuestionado, Morena no escucha; Morena confronta.
Desde Acción Nacional vamos a seguir haciendo lo contrario: señalar lo que está mal, defender a quienes no tienen voz y exigir resultados.
Si Morena no quiere escuchar el reclamo de los ciudadanos, tendrá que enfrentar algo mucho más contundente: su voto en 2027.

Morena y sus mentiras en Jalisco

Claudia Sheinbaum acaba de presentar su segundo informe de gobierno. Y mientras desde Palacio Nacional nos hablaron de austeridad, seguridad, salud, bienestar y hasta de libertad de expresión, México está viviendo otra realidad. Una realidad que no cabe en el discurso.
Porque mientras la presidenta presumía que en su gobierno “se cuida cada peso”, Andy López Beltrán aparecía en un restaurante de lujo, acompañado de empresarios, en medio de los señalamientos que lo relacionan con el huachicol fiscal. Hay investigaciones y testimonios que lo han colocado bajo escrutinio; el propio gobierno ha reconocido que el caso se investiga.
Y aquí está la pregunta que Morena no quiere contestar: ¿Dónde quedó la austeridad? Mientras unos hablan de privilegios, otros disfrutan de ellos. Pero hay una imagen todavía más dolorosa. Mientras una madre buscadora rasca la tierra buscando a su hijo, la presidenta no ha concretado una reunión con los colectivos de madres buscadoras que llevan años exigiendo ser escuchados.
Una madre busca restos. Andy cena con botellas de más de 16 mil pesos. Y la presidenta decide a quién escuchar. Ese es el México de la 4T.
Y mientras en Sinaloa continúan más de 700 días de guerra, la 4T ha mantenido el respaldo político a Rubén Rocha Moya, sobre quien pesan acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entonces preguntamos: ¿Dónde está la prioridad? ¿En proteger políticamente a los suyos o en proteger a las familias mexicanas?
Y ahora hablemos de algo que la presidenta también presumió: la libertad de expresión. Qué contradicción. Porque resulta que este gobierno sí tiene ubicados a quienes considera opositores. Sí saben quién critica. Sí hacen listas. Sí señalan desde Palacio. Pero cuando un periodista pide ayuda porque está siendo amenazado de muerte, ahí sí parece que nadie sabe dónde está el agresor. Cuando un periodista denuncia al poder, lo investigan a él. Cuando un periodista denuncia al crimen, muchas veces queda solo.
A los opositores sí los ubican. A los criminales que cometen los delitos, no. Y esto no es un juego. En México, más de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2026. No son números. Son personas. Son familias. Son voces que fueron apagadas.
Mucho discurso sobre libertad de expresión, pero ni un minuto para quienes perdieron la vida ejerciéndola. Y esto no es solamente un problema de periodistas.
Dentro del mismo periodo en el que rindió su informe, en Jalisco vivimos un día de terror el 22 de febrero. Y un día antes de su informe, el 31 de agosto, Zacatecas volvió a mostrar el nivel de violencia que enfrenta el país: ataques con explosivos, incluido un coche bomba frente a una comandancia policial, con civiles heridos, entre ellos menores. ¿Eso es un país pacificado?
Y sí: el gobierno reporta una reducción importante en homicidios. No vamos a negar un dato solamente porque no nos convenga. Pero México no se acaba en una gráfica.
Porque la seguridad no se mide únicamente contando homicidios. También se mide contando desaparecidos. Contando periodistas asesinados. Contando familias desplazadas. Contando ataques con explosivos. Contando las veces que una persona pidió ayuda y el Estado llegó tarde. Y la contradicción alcanza a la salud.
En su informe, Claudia Sheinbaum afirmó: “Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”. Nariz Roja denunció públicamente que esa afirmación era falsa y señaló que continúan las carencias de medicamentos, estudios médicos e insumos para pacientes con cáncer. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al discurso desde Palacio Nacional o a quienes acompañan todos los días a los pacientes?
Eso es lo que sucede cuando la propaganda sustituye a la realidad. Nos hablaron también de grandes obras como símbolo de transformación. Pero, ¿qué pasa cuando esas obras enfrentan cuestionamientos ambientales, costos crecientes o problemas de seguridad?
El Tren Maya puede presumirse en una pantalla. Pero el Tren Interoceánico dejó 13 muertos y decenas de lesionados. Los muertos no son una nota al pie de un informe. Son vidas.
Eso es lo que este gobierno no entiende. Gobernar no es seleccionar los datos que convienen. Gobernar es responder por las personas que están sufriendo. Porque ese fue el segundo informe: mucho discurso. Mucha celebración. Y MENTIRAS. Y todavía quieren que México aplauda.
Frente a esa realidad, Acción Nacional no va a callar. Vamos a ponerles nombre y rostro a las víctimas que el gobierno decidió ignorar. Porque México no necesita otro discurso. Necesita un gobierno que escuche, investigue y responda. Yo solo tengo una pregunta para la presidenta, ¿para quién gobierna? México necesita verdad.
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La mentira más grande que le han contado a México

Rubén Rocha se fue. Regresó. Y volvió a irse. Morena primero lo defendió. Después lo dejó solo. La presidenta cambió de postura. Los respaldos se convirtieron en silencios y los silencios en deslindes.
En pocos días, Sinaloa exhibió una pregunta que ya alcanza a todo México: ¿Quién manda? Y más importante: ¿Quién gobierna?
Porque mandar y gobernar no son lo mismo. Claudia Sheinbaum es la presidenta. Tiene el cargo, la investidura y una mayoría política. Pero el episodio de Rocha Moya dejó dudas sobre algo elemental: ¿tiene el control real de su gobierno y de Morena?
No es una cuestión de género. Nunca lo ha sido. La pregunta es política. ¿Puede un gobernador regresar al poder sin consultarlo con la presidenta? ¿Quién decide cuándo se va? ¿Quién cambia la línea política? ¿Quién ordena cerrar filas y quién ordena romperlas?
Si no hay respuestas claras, hay un problema de gobierno. Porque hoy México parece tener demasiados centros de poder. Palacio Nacional. Palenque. Los gobernadores. Las tribus de Morena. Los operadores políticos. Y Washington, cuyas decisiones y presiones generan movimientos inmediatos dentro del oficialismo.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde termina el gobierno de Claudia Sheinbaum y dónde comienza el poder de los demás? Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia, pero nadie puede sostener seriamente que dejó toda su influencia. Conserva lealtades, operadores y un movimiento construido durante años alrededor de su figura. Y mientras persisten las dudas sobre quién toma realmente las decisiones, surge una preocupación aún más grave: ¿gobierna la presidenta, gobierna el crimen organizado o las decisiones se toman bajo la presión de Washington?
Por eso la pregunta no es si influye. La pregunta es cuándo y cuánto. Ése es el problema de fondo. Morena concentra poder, pero cada crisis evidencia que ese poder está fragmentado. Presume unidad, pero vive en disputa. Presume control, pero improvisa. Presume gobierno, pero muchas veces administra contradicciones.
La Cuarta Transformación corre el riesgo de convertirse en la Cuarta Confusión.
Mientras ellos deciden quién manda sobre quién, México sigue esperando resultados. La violencia no espera. Los desaparecidos no esperan. Las familias que viven con miedo no esperan. La falta de medicamentos no espera. Los problemas económicos no esperan.
Los ciudadanos no pueden poner su vida en pausa mientras Morena resuelve sus pleitos internos. Ése es el verdadero costo del desgobierno.
Un gobierno puede sobrevivir a una crisis política. Lo que no puede hacer es acostumbrarse a gobernar desde la crisis. Gobernar no es cambiar de postura cuando cambia el costo político, no es publicar un desplegado, no es deslindarse después. Gobernar es decidir y asumir la responsabilidad.
Hoy Morena tiene una paradoja. Tiene más poder que nunca. Pero no queda claro quién controla ese poder. Tiene mayorías, gobiernos estatales, instituciones bajo su influencia. Pero cada conflicto revela nuevos grupos, nuevas lealtades y nuevos centros de decisión. Y eso es peligroso.
Porque un país no puede gobernarse mediante llamadas, mensajes, filtraciones y rectificaciones. México necesita una ruta. Necesita decisiones claras, responsables claros y necesita una presidenta que no sólo tenga el cargo, sino el control.
Claudia Sheinbaum debe responder una pregunta que cada día es más difícil ignorar: ¿Manda ella? ¿Mandan los gobernadores? ¿Mandan las tribus de Morena? ¿Manda Palenque? ¿O cada decisión depende de quién tenga más fuerza en ese momento?
Porque una presidenta que manda sólo cuando la dejan, no termina de mandar. Y mientras Morena decide quién gobierna a Morena, México sigue esperando saber algo mucho más importante: ¿Quién gobierna México?
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¿Quién manda y quién gobierna?

Hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que evaluamos a un gobierno: ¿está resolviendo los problemas de la gente o está más preocupado por conservar el poder?
En México, demasiadas veces los problemas públicos terminan convertidos en pleitos entre partidos. Unos buscan culpables, otros defienden al gobierno y, mientras tanto, las familias siguen esperando soluciones.
En Jalisco lo vemos con la crisis del agua. Abrir la llave y tener agua limpia debería ser algo normal, no una preocupación. Sin embargo, miles de familias enfrentan incertidumbre sobre la calidad del agua que llega a sus hogares. El agua limpia no es un favor del gobierno: es un derecho. Y cuando un derecho existe en la ley, pero una familia no puede ejercerlo con seguridad, el gobierno tiene una obligación pendiente.
Lo mismo ocurre con la salud. En el IMSS, las demandas por medicamentos, insumos y mejores condiciones de atención nos recuerdan que detrás de cada problema institucional hay personas que necesitan respuestas. Cuando alguien enferma, no necesita discursos: necesita atención médica.
Ambos casos nos dejan una lección: un gobierno no se mide por lo que promete, sino por cómo mejora la vida de las personas.
Eso es el bien común: poner las necesidades de las familias por encima de los intereses de cualquier partido. Significa administrar bien los recursos, garantizar los servicios básicos y responder cuando la gente lo necesita.
Desde Acción Nacional creemos que la persona debe estar en el centro de la política, no el poder. Por eso, ser oposición significa señalar errores, exigir cuentas y proponer soluciones. No se trata de desear que un gobierno fracase, sino de exigir que la gente no pague las consecuencias de sus fallas.
Las elecciones son parte de la democracia, pero gobernar no puede reducirse a pensar en la siguiente elección. El agua no espera, las enfermedades no esperan y las necesidades de las familias tampoco.
Cuando los políticos convierten los problemas de la gente en una disputa por el poder, la factura la pagan las familias. La política pierde su sentido cuando el poder se convierte en el objetivo y las personas dejan de ser la prioridad. Gobernar es servir. Y servir significa entender que, por encima de cualquier partido, están las personas, su dignidad y su derecho a vivir mejor.

El bien común debe estar por encima de la política